“Se ha comisarizado el gobierno de la seguridad”


La “batalla cultural” tuvo como horizonte último la inclusión social. Sin embargo, muchos de los sentidos comunes sobre “lo popular” permanecieron vigentes y la aparición de la inseguridad como problema público fortaleció viejos prejuicios entre clases. ¿Qué lugar ocuparon las políticas de seguridad en la agenda de cambios sociales? ¿Cuánto hubo de relato reformista y cuánto de reforma estructural?



Además de ser autor de una serie de trabajos académicos en materia de seguridad pública y reformas policiales, como El leviatán azul: policía y política en la Argentina y Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina, entre julio de 2002 y enero de 2003 Marcelo Sain se desempeñó como subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En 2005, encabezó la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), primera fuerza de seguridad federal creada desde el regreso al régimen democrático y, en la actualidad, ocupa una banca en la legislatura bonaerense por Nuevo Encuentro. En esta entrevista con TURBA, Sain analiza la gestión en seguridad del kirchnerismo y la autonomía policial, rescata el accionar de la PSA y señala: “Hoy tenés un Ministerio de Seguridad incapaz de gestionar seriamente la seguridad pública o con un sentido estratégico”.



- ¿Las discusiones sobre seguridad quedaron encerradas en una falsa dicotomía entre garantismo y punitivismo?


- Los vacíos de discursos con un sentido democrático siempre alimentan respuestas por derecha; legitiman

estrategias de “ley y orden”. Eso pasa acá y en todo el mundo. Lo que está ocurriendo –y este es el gran problema del progresismo– es que hay un vacío de gestión democrática con conducción política de la seguridad. Esto alentó, alienta y alentará siempre respuestas por derecha. Y cuando decidimos dar un debate serio, como el que abrió el anteproyecto de reforma integral del Código Penal, no le brindamos un contexto adecuado y lo terminó comiendo en quince días un especulador de la derecha como Sergio Massa. La falta de gestión estratégica en seguridad pública deja lugar a las respuestas punitivistas porque rinden electoralmente; se apoyan en deseos, anhelos y perspectivas de los sectores medios, que son relevantes desde el punto de vista electoral. Y al voto de la clase media se lo gana, entre otras cosas, con el discurso punitivista. Cuando el principal candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, que ahora está más cerca de Massa que de nosotros, planteó el tema de la baja de la edad de imputabilidad, no fue un error, como quisieron creer muchos. Lo planteó porque quiso, porque forma parte de ese conjunto de dirigentes que frente a situaciones y coyunturas electorales necesitan postular medidas efectistas y no escatiman al allanarse en las postulaciones de mano dura.



- ¿Por qué es tan efectivo el discurso punitivista en materia electoral?


- No sé si es mensurable, pero en todo caso es una cuestión de ensayo y error. Ganó crédito en la política argentina la sobreactuación –tanto sea de gobiernos de derecha como progresistas– a favor de respuestas “duras” a los delitos y, en particular, respuestas “policialistas”. Lo que todos estos gobiernos proponen y llevan a cabo sin mirada crítica y a ciegas es la proclamación universal de “más policías en la calle” y más videovigilancia. Se trata de un libreto único que tiene legitimidad política porque es fácil de llevar a cabo y puede mostrarse mesiánicamente de manera inmediata, y eso es lo único que cuenta. Pero son acciones sin mirada crítica porque nadie se pregunta de qué manera el mero patrullamiento policial o la videovigilancia como única acción seguritista previene o conjura delitos, ni qué tipos de delitos pueden ser abordados de esa manera. La política criolla, siempre intuitiva y tan lega en estos temas, degolló tres décadas de estudios sociológicos sobre esto llevados a cabo en Europa y Estados Unidos. Y todo se hace a ciegas porque no hay un solo gobierno que haya creado los dispositivos o procedimientos necesarios para conocer las problemáticas de las violencias y los delitos sobre los que se tiene que actuar. Entonces, todo se remite a los delitos callejeros, dejando en la nebulosa de la ignorancia oficial a las violencias familiares –altamente letales–, a la criminalidad organizada con protección estatal –mediante la policía–, a los delitos económicos o corporativos y a las corrupciones gubernamentales. Eso no importa; se gestiona a ciegas y punto. Sólo importa mostrar que se hace algo y que se es duro contra los delincuentes. Lo que sí es claro es que con el discurso del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) no vas a ganar elecciones. Si, eventualmente, ganás votos, es con el discurso contrario.



- ¿Cuál es su balance del ASD?

- El ASD está muerto porque nació con el objetivo de desarticular el avance del sciolismo sobre las pautas reformistas que se implementaron durante la gestión de León Arslanián. Pero los hacedores del Acuerdo terminamos usando un doble estándar, no lo aplicamos cuando tuvimos que hacerlo sobre nuestros gobiernos o cuando algunos compañeros y compañeras pasaron a formar parte de esos gobiernos. El doble estándar y la hipocresía del progresismo pacato mató al ASD. Igualmente, creo que va a revivir de las cenizas, como el Fénix, el 11 de diciembre de 2015, ante un eventual gobierno de derecha, y vamos a desempolvar el ASD con todo lo que hemos postergado hasta acá.



- Hay cierta idea de que el kirchnerismo puso en discusión el concepto de seguridad. ¿En qué medida considera que esto fue así?


- Yo creo que en materia de políticas de seguridad, el kirchnerismo no cambió mucho la situación. Nunca incorporamos los asuntos de la seguridad a la agenda de los cambios sociales, económicos y políticos que llevó a cabo el kirchnerismo; no se percibió que la inclusión social de los sectores populares requiere de una policía democrática o, mejor, de la desarticulación de una policía retrógrada y autoritaria que sólo sirve para convalidar la exclusión social de esos mismos sectores.



- ¿No ve ningún matiz en estos diez años?


- El gran matiz de Néstor Kirchner fue al principio, cuando estuvo dispuesto a apropiarse de la conducción política de las policías y lo demostró con el descabezamiento de la Policía Federal y su reestructuración. Le quitó a la Federal el manejo de la administración económica de la fuerza, pero enseguida se produjeron hechos de extorsión policial y, frente a la conflictividad que había en el país, Néstor consideró que no era pertinente avanzar en esa línea en ese momento. Entonces, se generó una suerte de reacomodamiento y volvieron las pautas delegativas, de la mano de Aníbal Fernández; es decir, delegarle el gobierno de la seguridad a las policías y consentir que ejerzan ese gobierno, aún regulando ciertos crímenes. La descriminalización de la protesta social, colocar la protesta y la gestión de los conflictos fuera del ministerio que gestionaba la seguridad pública, fue el gran logro del kirchnerismo. Después, eso se fue diluyendo en la segunda parte de la década. Esto sucedió por la propia lógica que terminó primando dentro del gobierno, que fue la lógica delegativa. Porque las políticas de seguridad en la Argentina son de prevención de escándalos políticos y no de gestión de conflictividades, delitos y violencias. Por eso, como dije, no hay un sólo gobierno provincial o nacional con un observatorio de violencias y delitos. Porque no importa conocer cuánto delito hay, dónde se desarrolla, de qué manera, con qué particularidades, ya que las medidas que se van a adoptar son de atenuación o de conjuración de conflictos políticos; es una gestión de opinión pública y de prevención de crisis políticas.



- ¿En ese punto hay una continuidad histórica?


- Lo que veo es un conjunto de prácticas políticas perversas para abordar estos temas que convalidan las desigualdades de la sociedad. Hay diferencias pero son muy acotadas, o sea, no son suficientes para decir “algún sector de la política”. Creo que es toda la clase política la que aborda estas cuestiones de esta manera. Lo dijo Alejandro Granados (ministro de Seguridad bonaerense) hace poco en una entrevista: “Cuando la política se mete sobre la seguridad, es malo para los vecinos”. Esa es la proclamación más brutal de la pauta delegativa, del desgobierno político de la seguridad, de la autonomía policial. La delegación de la gestión de la seguridad y del gobierno de las policías en el “comisariato” tiene como contrapartida que éste haga una gestión no escandalosa de la seguridad. Por eso, esa autonomía policial es relativa: porque el actor dominante de esa relación político-policial sigue siendo la política. En cuanto la policía no cumple con su parte del pacto y se genera una crisis, no hay autonomía o resistencia policial que le impida a la política quebrar el pacto y asumir las responsabilidades de conducción. Esto sucede en momentos críticos y son los momentos donde se llevan a cabo intervenciones y reformas. Esta es una de las cosas que nos lleva a señalar que la policía es un gran instrumento de gestión de la política y que cuando se aborda a las fuerzas de seguridad, se está abordando un instrumento político. Por eso no hay reformas policiales profundas y duraderas.



- ¿Y en el caso de la PSA?


- El proceso de creación de la PSA terminó siendo algo muy acotado. Algo que Néstor vio con cierta seducción cuando le planteé la necesidad de reformar todo el sistema de seguridad, terminó acotado a esta fuerza, que no representa más del tres por ciento del sistema policial federal. Es una policía que tiene un enorme nivel de protagonismo en su ámbito, no está contaminada por la corrupción y los delitos, y es muy eficaz en la lucha contra el crimen. No se dedica a las mulitas, sino a las organizaciones delictivas. No lo digo porque lo hayamos hecho nosotros, pero es una de las buenas experiencias institucionales en materia de seguridad pública. Por ejemplo, es una policía que durante siete u ocho meses investigó una red criminal en Rosario que estaba protegida por la policía local y sacó esposado al jefe policial de Santa Fe sin que se filtrara la información a su “policía hermana”. Eso lo pudo lograr sólo una policía conducida civilmente y que fue creada con un estigma muy diferente a las policías tradicionales. Pero no deja de ser una pequeña parte del sistema de seguridad federal. Diría que, por fuera de eso, no veo muchos logros.



- ¿Cuál es la evaluación que hace de la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación?


- La gestión de Nilda Garré fue muy elocuente en el discurso y en el relato reformista, pero en realidad no reformó nada, al menos estructuralmente. No se ha construido un cuerpo de funcionarios especializados en la materia; no cuenta con un observatorio de las violencias y los delitos; se reproducen las históricas vinculaciones con agencias de investigación internacionales profundamente dañinas para nuestro país, como la DEA. Esa debilidad institucional hace del Ministerio de Seguridad una instancia incapaz de gestionar estratégicamente la seguridad pública o con un sentido integral. Es, más bien, una instancia de convalidación del gobierno policial, más allá del esfuerzo loable de algún funcionario como Sergio Berni. Se ha “comisarizado” el gobierno político de la seguridad, pero no por la presencia de comisarios, sino por la presencia de algunos civiles que no han sabido construir capacidades institucionales para apropiarse de la conducción de las policías en materia operacional, de inteligencia y logística, presupuestaria, de gestión de mandos superiores –pases, ascensos y promociones–, de control de asuntos internos, etc. Esto, entretanto, ha sido un signo de todos los gobiernos, por derecha y por izquierda.




Entrevista publicada en revista Turba, Buenos Aires, Nº 3, julio de 2014.



Link: http://www.revistaturba.com.ar/ediciones-anteriores/numero-3-junio-2014/









ÚLTIMOS POST