La fábula

La "guerra contra las drogas" como excusa para encubrir la incompetencia

El gobierno mencionó la “lucha contra el narcotráfico” como una de sus grandes prioridades de gestión. Sin embargo, la fuga de los tres condenados por el triple crimen de la efedrina reveló la inoperancia y complicidad de las fuerzas de seguridad y las dificultades para encarar seriamente el problema.

El 11 de enero pasado, cuando Cristian Lanatta y Víctor Schillacci, andrajosos, deshidratados y sin prestar ningún tipo de resistencia, se entregaron dócilmente a unos pocos uniformados de la Policía de Santa Fe en un molino arrocero del pueblito de Cayastá, para el gobierno nacional finalizaba el primer gran “combate” de una confrontación que augura larga y dura: la lucha contra el narcotráfico. Unos días antes había sido detenido Martín Lanatta, el principal referente del grupo, luego de volcar con una camioneta a quinientos metros de donde luego fueron apresados los otros fugitivos. Eran tres de los cuatro condenados a prisión perpetua por asesinar en agosto de 2008 a tres jóvenes proveedores de efedrina a un grupo de narcotraficantes mexicanos que operaba en Argentina. El mandante de esos asesinatos había sido Ibar Esteban Pérez Corradi, acusado de lavado de dinero y narcotráfico y prófugo desde hacía más de tres años. El 27 de diciembre, los Lanatta y Schillacci escaparon de la prisión de General Alvear, en el centro de la provincia de Buenos Aires, con la complicidad de los guardiacárceles. A partir de ese momento y durante quince días eludieron una redada multitudinaria llevada a cabo por la Policía Bonaerense, las cuatro fuerzas de seguridad federales y la Policía de Santa Fe. No es algo tan fuera de lo común. Entre 2013 y 2015 se fugaron 1.198 personas de alcaidías y cárceles gestionadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense, 37 de ellas de “alta seguridad” (1). La relevancia de la huida se explica por la connotación política del caso. En julio de 2015, en una entrevista concedida a Jorge Lanata, Martín Lanatta señaló que el mandante del triple crimen había sido el entonces jefe de Gabinete y luego candidato a gobernador, Aníbal Fernández. Lanatta acusó a Fernández de comandar el tráfico ilegal de efedrina y garantizarse, con los asesinatos, el monopolio de la provisión de esa sustancia, muy demandada por los narcos mexicanos que operan en nuestro país. Ello nunca había sido declarado durante el proceso judicial ni durante las audiencias previas. Al contrario, Martín Lanatta negó haber mantenido cualquier tipo de vinculación con Fernández, por lo que la imputación fue atribuida a una maniobra de sus adversarios dentro del Frente para la Victoria materializada por el Grupo Clarín con la complicidad del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien habilitó el ingreso de los periodistas a la cárcel, lo que difícilmente pudo haberse efectuado sin el conocimiento –y consentimiento– de Daniel Scioli. Las internas peronistas suelen ser lapidarias. Así pues, tal como sospechan en la gobernación bonaerense, la fuga contó con el apoyo del servicio penitenciario. Luego de pasar por la zona sur del Gran Buenos Aires y de hacerse allí de un vehículo, armas y dinero con la complicidad de sectores policiales y criminales con los que mantenían antiguas relaciones (2), los tres fugados recorrieron más de quinientos kilómetros hasta la provincia de Santa Fe. Cerca del pueblo de San Carlos, a escasos 50 kilómetros de la capital provincial, se escondieron durante varios días en una tapera mugrienta, seguramente a la espera de algún apoyo terrestre o aéreo que los trasladara a un lugar seguro. Resulta sugestivo que, pese a que eran intensamente buscados en Quilmes, su lugar de origen, alguien informó con notable precisión al juez federal Sergio Torres el lugar en el que se escondían. ¿Quién podría dar cuenta de ello sino las viejas huestes de la inteligencia estatal expulsadas de la Secretaría de Inteligencia a comienzos de 2015 y/o la Drug Enforcement Administration (DEA) norteamericana, estrechamente vinculada a la trama del tráfico de efedrina y a los mandantes del triple asesinato? No hay manera de que alguien que no mantenga contacto con los fugados conociera el extenso recorrido y su localización exacta, a más de 500 kilómetros de donde eran buscados por la policía. Pese a ello, dos veces perforaron el cerco policial hasta que finalmente cayeron en manos de la desprestigiada policía santafecina. Cuando finalizó la búsqueda, marcada por la descoordinación y desconfianza entre las policías intervinientes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretendió convertir al operativo en una proeza gubernamental inscrita en la disputa contra el “flagelo del narcotráfico”. Sin embargo, nada pareció indicar que los delincuentes tuvieran la protección del crimen organizado ni, menos aun, que estuvieran vinculados al “cartel de Sinaloa”, como deslizó audazmente el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Sí estaban vinculados con el mundillo criminal al que pertenecían y por el que cometieron los asesinatos. Y ello era seguido de cerca por la DEA. Desde un comienzo se sospechó que Pérez Corradi, el autor ideológico de los homicidios, era informante de la agencia, y que mantenía una relación con los sectores dominantes de la vieja Secretaría de Inteligencia, que desde hacía un par de décadas operaban en conjunto con las agencias de seguridad norteamericanas y que le brindaron protección durante su clandestinidad. Los tres fugados, sin embargo, cayeron sin pena ni gloria.

La argucia de la exageración En Argentina, durante la última década, el narcotráfico se ha transformado en dos sentidos. Por un lado, se produjo una expansión de los mercados internos de drogas ilegales –en particular de cocaína– en las grandes ciudades del país, y la correspondiente estructuración de amplios y complejos grupos encargados de su gerenciamiento. Por otro lado, se intensificó y diversificó el tráfico internacional de cocaína y otras sustancias a través del país, en este caso a cargo de bandas predominantemente colombianas y mexicanas. Ambas cosas, en particular la configuración de mercados minoristas locales, contaron con la protección ilegal de las instituciones policiales, que, aun con deficiencias e imperfecciones, garantizan el control efectivo de los territorios y de las poblaciones relevantes para el narcotráfico. La tutela policial a los dinámicos grupos narco fue una condición necesaria para el crecimiento del mercado ilegal de drogas. El tema está en el centro de la política. En su discurso de asunción, Mauricio Macri mencionó el “combate al narcotráfico” como uno de los tres grandes objetivos de su gobierno. Pese a la promesa, hasta ahora el gobierno no ha formulado ninguna política o estrategia en esta dirección. Sólo se ha anunciado la declaración de emergencia de seguridad pública a los efectos de revertir la “situación de peligro colectivo” en la que se encontraría el país. En este marco se anunció la “protección del espacio aéreo” mediante la facultad de identificar con radares o a través de vigilancia aérea todo tipo de aeronave civil irregular que ingrese a nuestro territorio, instarla a que retorne o aterrice y, si persistiese en su “actitud hostil”, hacer uso intimidatorio o efectivo de la fuerza: derribarla. Vale aclarar que la Fuerza Aérea no cuenta con aviones cazas adecuados para las interferencias de aeronaves civiles, ya que los últimos cuatro A4 Skyhawks fueron desactivados. Por otro lado, nada indica que todo vuelo irregular y furtivo sea un vuelo narco ni que toda la droga ilegal que ingresa al país lo haga por vía aérea. Pese a esta evidencia, se postula al derribo como la bala mágica contra el narcotráfico. El principal problema del narcotráfico en Argentina es la estructuración de mercados ilegales en grandes ciudades regenteados por grupos criminales con protección y regulación policial, respecto de lo cual, como señalamos, no se han anunciado medidas claras. La estrategia por el momento es la misma de siempre: colocar a los funcionarios al lado de las sustancias diabólicas arrebatadas a las bandas criminales y transmitir las imágenes por televisión. Esta “comisarización” de los funcionarios gubernamentales, lejos de indicar una verdadera conducción política, revela una inversión jerárquica, mediante la cual los gobernantes se “convierten” en policías o son fagocitados por las cúpulas de las fuerzas de seguridad. En el caso de la triple fuga, la presencia de las autoridades ministeriales superiores en el terreno, es decir en el lugar donde se llevaron a cabo los infructuosos procedimientos, ubicó a dichos funcionarios como responsables operativos directos del desatino. La inexperiencia gubernamental y la ansiedad de un presidente con poco tino institucional en el manejo de los asuntos de seguridad pero devoto de los vaivenes de la opinión pública explican este desacierto. Fueron, sin embargo, errores de coyuntura. La magnificación del fenómeno del narcotráfico, en cambio, resulta de un embuste político más sofisticado. La magnificación del narcotráfico y de la aventura oficial para conjurarlo constituyen una falacia y una argucia. Una falacia porque el problema real es la criminalidad organizada y la regulación estatal de la misma: tan importante como el narcotráfico es la trata de personas para la explotación sexual y laboral, el robo de autos o la piratería del asfalto, delitos de una envergadura igual o mayor que el de la venta de drogas. Y una argucia porque configura una cortina de humo para ocultar el estado de situación de la criminalidad y encubrir el desconocimiento oficial en la gestión política del sistema de seguridad. En suma, el gobierno está construyendo al narcotráfico como un enemigo que justifique medidas excepcionales.

Cuando manda la DEA Desde hace un par de décadas, la DEA es el órgano rector de las acciones estatales en materia de control del narcotráfico. “Control” es, en este caso, un eufemismo, porque lo que realmente hace esta agencia es investigar y asistir a las autoridades locales, casi siempre formando parte del mismo mundo criminal que dice combatir. En Argentina, como en la mayoría de los países de América Latina, la DEA controla el narcotráfico mediante su regulación, es decir, a través de su participación directa e indirecta en la trama de negocios ilegales o en las organizaciones que la llevan a cabo. En gran medida, esa regulación se desarrolla con policías, jueces, fiscales y funcionarios que le responden ya sea por afinidad ideológica, por el intercambio de prebendas, por la concesión de información, por asistencia técnica o tecnológica o por el irresistible privilegio de pertenecer a la nómina. Muchos de estos actores –en particular los policías– protegen o intervienen en el negocio, lo que mejora la calidad de la colaboración con la DEA al permitirle conocer el mundo criminal desde adentro. Pero la DEA también recluta a narcotraficantes activos –muchos con causas judiciales abiertas en el país o en Estados Unidos– y los convierte en informantes. Manipula causas judiciales, fomenta o frena allanamientos y detenciones, planta testigos y garantiza impunidades. Compra, traslada y planta estupefacientes, infiltra agentes inorgánicos en las bandas criminales, pone a disposición vehículos, aviones y lugares, emprende operaciones de lavado de dinero, monta empresas fantasmas, y realiza escuchas telefónicas, seguimientos e intromisiones en residencias, sin autorización judicial. A veces hasta detiene personas. Este tipo de operaciones no implica violar las normas norteamericanas. En Argentina, la DEA subordina a policías, funcionarios, sindicalistas y operadores judiciales relevantes para el control de los corredores del tráfico local o de las plataformas de salida hacia Europa o Norteamérica. En este sentido, cuenta con una larga nómina de actores que le reportan: jefes notables y secciones enteras de las fuerzas de seguridad y policías federales; policías provinciales y sus áreas especializadas, en particular las de Salta, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. También cuenta entre sus colaboradores con dirigentes en actividades claves para el tráfico de drogas, como los puertos, aeropuertos, finanzas, servicios bancarios y comercio internacional, además de jueces y funcionarios, muchos de los cuales suelen ser invitados a Estados Unidos. Con contadas excepciones, la política argentina se ha cuadrado ante las orientaciones de la DEA. Se ha naturalizado que una estrategia exitosa en el control del narcotráfico sólo se consigue mediante una alianza con la agencia. Una hegemonía cultural, doctrinaria y política que nunca fue problematizada sino asumida como normal e inevitable. En este contexto, el jefe de la estación de la DEA en Argentina es un actor central en el sistema de seguridad público. Se trata en general de un oficial de rango medio, quizás hijo de un obrero o empleado de clase media estadounidense que hizo su carrera profesional atrapando dealers y narcos de poca monta que operan en las periferias calientes de las ciudades norteamericanas. Pero aquí, en lo que revela un notable desequilibrio, es atendido y escuchado por ministros, gobernadores, jefes de policía, jueces y fiscales. En el caso de los delincuentes fugados del penal de General Alvear, la DEA estuvo presente. Como señalamos, estuvo detrás del seguimiento y de la indicación del refugio santafecino. Pero también está detrás de Pérez Corradi, cuyos abogados, Carlos Broitman y el ex policía bonaerense Juan José Ribelli, tienen la costumbre de defender a connotados narcotraficantes colombianos y argentinos en diálogo permanente con las autoridades locales de la DEA. Pérez Corradi sigue prófugo. Tras la recaptura de los tres condenados manifestó su disposición a entregarse. Broitman señaló que su defendido –buscado por asesinato, narcotráfico y lavado de dinero, con un pedido de extradición a Estados Unidos– era inocente, y que el contexto político-institucional actual favorecía su entrega. “Ahora hay una política de Estado para luchar contra el narcotráfico”, señaló el abogado antes de una entrevista con Bullrich, a quien le reclamó “garantías constitucionales”. ¿Qué hay detrás de esto? ¿No se estará pactando, con apoyo de la DEA, una declaración judicial de Pérez Corradi que dispare procesos judiciales y campañas mediáticas tendientes a inculpar al kirchnerismo frente a la dificultad del nuevo gobierno para elaborar respuestas más contundentes? Como toda fábula, la lucha contra el narcotráfico del macrismo es, hasta ahora, apenas un relato ficticio. 1. La Nación, Buenos Aires, 13-1-16. 2. Emilia Delfino y Rodrigo Alegre, La ejecución, Sudamericana, Buenos Aires, 2011, cap. 7.

Marcelo Fabián Sain es profesor de la Universidad de Quilmes.

Artículo publicado en revista Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, febrero de 2016.

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